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martes, agosto 9, 2022

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Senado aprueba en primera lectura proyecto extinción de dominio

Santo Domingo.- El Senado aprobó este martes en primera lectura el proyecto de ley de extinción de dominio con el voto favorable de 24 legisladores y tres en contra.

Antes de su aprobación, los senadores votaron para que el proyecto no se sometiera a lectura y que este proceso se agote cuando vuelvan a conocerlo y debatir sobre la iniciativa.

Los senadores del PRM, que son mayoría en el hemiciclo, apoyaron el proyecto, al igual que Antonio Marte del Movimiento Primero la Gente, y el senador reformista Ramón Rogelio Genao.

El proyecto también fue aprobado por los legisladores de la Fuerza del Pueblo, y rechazado por los del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Los senadores del PLD alegan que el proyecto de ley incluye la retroactividad y que esta está prohibida por la Constitución. También criticaron que no se incluyera en la iniciativa la elusión fiscal.

Asimismo, consideraron que, en caso de que finalmente sea aprobada, la ley debe ser considerada orgánica y no ordinaria.

El senador del PLD representante por Barahona, José del Castillo, afirmó que el proyecto de ley afecta varios derechos fundamentales y que «con toda seguridad» de convertirse en ley será declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional (TC).

Los representantes del oficialista PRM alegaron todo lo contrario y dijeron que en segunda lectura se podrá discutir ampliamente el proyecto y demostrar que el mismo no riñe con la Constitución.

El Pleno del Senado conoció un informe favorable del proyecto que rindió una comisión bicameral que lo estudió por varias semanas.

Algunos sectores de la sociedad civil han expresado su rechazado al proyecto de ley, mientras que otros lo favorecen.

El proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio persigue establecer el decomiso civil de patrimonios con orígenes ilícitos, para reincorporarlos al erario sin que haya que agotar juicios penales.

La extinción de dominio consiste en la posibilidad de que el Estado, a través de diversos mecanismos, pueda incautar o decomisar bienes que, en principio, son adquiridos producto de actividades ilícitas

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